Varios indígenas se enfrentaron a las afueras de la Corte Constitucional, con simpatizantes del movimiento Alianza País, quienes están a favor de la consulta popular.
El secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera asiste hoy al inicio de las audiencias públicas en la Corte Constitucional sobre la consulta popular planteada por el Ejecutivo sobre distintos temas.
La Corte Constitucional ha sido hoy un escenario de intensos y acalorados debates en torno a la polémica consulta popular que pretende realizar el Ejecutivo. Cuando finalice la tarde, más de 30 comparecencias se habrán efectuado para dar sus argumentos a favor o en contra de la intención gubernamental.
Una de ellas fue sobre el tema que se busca plantear como parte de la consulta y que preguntaría si se está o no de acuerdo con los espectáculos públicos en que hayan muerte de animales, lo que involucra a las corridas de toros, una actividad en permanente debate, y también a las peleas de gallos.
Adeptos y detractores a las corridas taurinas presentaron hoy ante la Corte Constitucional sus argumentos para que los estudie durante su análisis de las preguntas de la consulta popular que pretende realizar el Ejecutivo.
Una de las diez preguntas de la consulta reza: "Con la finalidad de evitar la muerte de un animal por simple diversión, ¿está usted de acuerdo en prohibir, en su respectiva jurisdicción cantonal, los espectáculos públicos donde se mate animales?".
Tras su presentación ante la Corte, Carlos Solines, presidente de la Federación Ferias Taurinas, dijo a Efe que el mandatario de Ecuador, Rafael Correa, "no puede elevar a consulta popular" el asunto, pues "no es un tema de transcendencia e importancia nacional".
Asimismo, cree que Correa "no es competente para plantear la pregunta a nivel cantonal. La competencia es de los alcaldes" y que si las corridas se prohíben en una localidad, podrían realizarse en otra.
Solines recalcó que "la ley tiene que ser general, si no es un absurdo jurídico" y añadió que la eliminación de esos espectáculos significaría "la supresión de toda una especie animal, los toros de lidia".
"A mí no me gusta el fútbol y no voy, pero no voy a manifestarme aquí contra el fútbol, porque digo que hay violencia. Dicen que el animal sufre, ¿no sufren los que están en los zoológicos o los caballos de carreras?", se preguntó.
En las audiencias ante la Corte otras personas que hablaron a favor de las corridas de toros resaltaron el derecho al trabajo y el valor económico de la fiesta.
De su lado, Felipe Ogaz, dirigente de Diabluma, una organización de izquierda y opuesta a las corridas de toros, dijo a la prensa que las corridas son "tradiciones francamente salvajes". "Lo que queremos es librarnos de la colonia, de sus peores símbolos".
Añadió que la plaza de toros de Quito "funciona una semana al año" y, en su opinión, habría más trabajo si se dedicara a conciertos.
Asimismo, consideró que los sastres que hacen los trajes de luces pueden dedicarse a hacer ropa "para rockeros".
Ogaz, que habló en dos audiencias, ante los magistrados Roberto Bhrunis y Nina Pacari, ambos designados por la Corte para estudiar en primera instancia el texto de la consulta, dijo que las corridas son un espectáculo "sádico, donde se maltrata y se tortura a un animal".
Correa mantendrá preguntas de consulta
El secretario jurídico de la Presidencia de Ecuador, Alexis Mera, puntualizó hoy que el Gobierno no retirará ninguna pregunta de la consulta popular que impulsa y que está siendo analizada por la Corte Constitucional.
"No va a retirarse ninguna pregunta ni modificarse ninguna pregunta en lo que al Ejecutivo le concierne", puntualizó Mera durante un receso en las audiencias públicas que se adelantan en la Corte Constitucional.
Mera estuvo presente durante las sesiones, en las que opuestos a la consulta pidieron a la magistrada Nina Pacari que declare inconstitucional ciertas secciones del cuestionario planteado por el Ejecutivo.
El secretario jurídico de la Presidencia comentó que no le parece "válida" ninguna de la observaciones que escuchó durante la comparecencia de distintas personas, entre ellas el defensor del Pueblo, dirigentes políticos, asambleístas y ciudadanos particulares.
Mera dijo que no cree que las preguntas, tal y como están redactadas, sean inductivas, como alegan algunos críticos. También señaló que la Corte Constitucional puede analizar el texto de las preguntas y que Pacari entregará su informe al pleno.
"El pleno puede aceptarlo o no", subrayó Mera para quien en las audiencias públicas de hoy se han evidenciado criterios "de los frustrados".
La Corte Constitucional analiza el texto de las diez preguntas que preparó el Ejecutivo para someterlas a una consulta popular y un referendo este año.
Del cuestionario planteado por el Ejecutivo, Pacari se encarga del estudio de las cinco preguntas que implican una enmienda constitucional, mientras el magistrado Roberto Bhrunis se ocupa de las que acarrean cambios en la normativa, pero no en la Carta Magna.
Las cinco preguntas que conllevan un cambio constitucional son una extensión de la prisión preventiva, la restricción de las medidas sustitutivas de la prisión preventiva que pueden dictar los jueces, la reestructuración del sistema judicial, la modificación de la composición del Consejo de la Judicatura y la limitación de los negocios que pueden poseer los bancos y los medios de comunicación.
Las otras cuestiones plantean convertir en delito "el enriquecimiento privado no justificado" y la no afiliación de los trabajadores a la Seguridad Social por parte de las empresas, así como la prohibición de los juegos de azar y las corridas de toros.
